Derecho a la privacidad en la época de Covid-19

Por : Comunicación y Eventos

Coordinación de Investigación / Salvador Cervantes Cajica

De un momento a otro la humanidad enfrentó un escenario del que no se tiene precedentes cercanos: una pandemia mundial a causa del Covid-19. Los cambios, como producto de la adaptabilidad, de nuestras actividades cotidianas, se ven en todas partes, tanto en la esfera de lo público como de lo privado. Es por ello que se han tenido que tomar decisiones bajo referentes distintos, cuya dinámica explica, en cierta medida, el ir de la normalidad a la nueva normalidad.

De lo anterior que valga la pena repensar la relación y delimitación de lo público y lo privado, dado que dichos aspectos hoy no son tan claros; por ejemplo, millones de personas se han visto en la necesidad de atender sus compromisos laborales desde casa, multiplicando las horas que les dedican, abriendo y reservando espacios del hogar a reuniones programadas y emergentes. Aunado a ello también es necesario subrayar que dichos cambios también atraerán ventajas para otras personas, como lo es la eliminación del tiempo de traslado hogar-trabajo, lo cual a su vez puede impactar positivamente en la disminución de la contaminación en las grandes urbes.

En un sentido más amplio se encuentra el manejo de información de los particulares y de las autoridades gubernamentales para tomar mejores decisiones al momento de establecer una estrategia ante la pandemia, de tal forma que deba pensarse los límites entre lo necesario y lo posible: ¿deben las empresas proveer de información de sus empleados a las autoridades gubernamentales para identificar dónde y cómo se propaga con mayor facilidad el Covid-19?, por poner un ejemplo. Posturas al respecto no se han hecho esperar, por su parte el Comité Europeo de Protección de Datos establece el siguiente posicionamiento: la emergencia es una condición legal que podría legitimar restricciones a las libertades siempre que sean proporcionadas y limitadas al periodo de emergencia, lo cual implica la no necesidad de solicitar consentimiento a las personas, toda vez que lo que está en juego es el interés público. Para el caso de México conviene repensar la situación, porque aun cuando la Constitución (artículo 29) habré dicha posibilidad, lo cierto es que el manejo que se haga sobre dicho tema puede marcar el rumbo de nuestra democracia.

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